Con la asistencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución cubana, y el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, comenzó temprano en la mañana de este viernes, la última jornada del Cuarto período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que inició con la presentación y debate del proyecto de ley Del Ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el que fue finalmente aprobado.
En la apertura de la sesión de trabajo, el presidente del legislativo, Esteban Lazo Hernández, también miembro del Buró Político, hizo un reconocimiento a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), que cumple este 20 de diciembre su 102 cumpleaños de fundada, y al Ejército Popular de Vietnam en las vísperas de su 80 aniversario.
Tomando en cuenta que la Constitución de la República de 2019 marcó nuevas pautas en el ejercicio de la abogacía y en la labor de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, el Cuarto período ordinario de sesiones de la X Legislatura de la Asamblea Nacional, discutió y aprobó la Ley Del ejercicio de la Abogacía y la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, a fin de actualizar las disposiciones normativas que rigen la actuación de esta institución.
El ministro de Justicia, Oscar Manuel Silveira Martínez, presentó al plenario una ley que tiene entre sus propósitos alcanzar «un ejercicio más eficiente de la profesión, que contribuya a la materialización del derecho a la defensa de las personas».
El texto ratifica que «el ejercicio de la abogacía en Cuba se efectúa conforme a la Constitución, en atención al interés público, su trascendencia social, y a los principios éticos que lo rigen, toda vez que la actuación ante los órganos jurisdiccionales y otros órganos está íntimamente relacionada con la defensa de los derechos de las personas y la realización de la justicia».
La legislación regula el ejercicio de la abogacía y es de aplicación a todos los juristas que ejercen la representación, defensa y asesoramiento jurídico de las personas, y recuerda que el ejercicio de la abogacía consiste en evacuar consultas y dirigir, asesorar, representar y defender los derechos e intereses de personas naturales o jurídicas ante los tribunales de justicia, los órganos de arbitraje, los organismos administrativos, y las entidades o personas públicas y privadas; o ante situaciones de hecho o derecho que requieran la actuación de un abogado, en el territorio nacional, así como ante los órganos, organismos y organizaciones extranjeras o internacionales.
Remarca, además, que «la abogacía, como función social, se ejerce con observancia de los principios éticos de la profesión y contribuye al debido cumplimiento de los intereses fundamentales de la Justicia».
Deja en claro que el abogado es independiente y solo debe obediencia a la Ley; vela por los intereses de aquellos cuyos derechos representa y defiende; disfruta de todos los derechos y garantías legales para exponer sus alegatos en relación con el derecho que defiende; y contribuye a la realización de la justicia, mediante la observancia y el fortalecimiento del orden constitucional.
Además, coadyuva a la educación jurídica de sus representados y de todos los ciudadanos, así como, al respeto de la dignidad humana y el resto de los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Constitución y las leyes.
Con respecto a la Organización Nacional de Bufetes Colectivos (ONBC), dictamina que «es una entidad autónoma nacional de interés social y carácter profesional, autofinanciada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, es dirigida únicamente por sus órganos de dirección» y se rige por la ley que ahora se aprueba y los acuerdos y disposiciones de sus órganos de dirección.
La ONBC, señala la normativa, está constituida por todos los juristas que voluntariamente soliciten su ingreso y sean admitidos para ejercer habitualmente la abogacía.
Según ley, la ONBC tiene entre sus fines, el de representar y coordinar los intereses de sus miembros ante los órganos, organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales, así como ante instituciones y organizaciones internacionales; además de orientar, dirigir y controlar la prestación de los servicios jurídicos, de consultoría y trámites asociados, que se prestan por sus miembros y demás trabajadores.
Sobre el régimen económico de la Organización, la ley fija que esta se sustenta en los principios de autofinanciamiento, autonomía de gestión y empleo de sus recursos. Es responsable de su patrimonio y tiene capacidad para adquirir y enajenar sus bienes y celebrar contratos por sí; es titular de derechos y obligaciones y ejercita las acciones legales que le corresponden.
En la presentación del dictamen, el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, señaló que con esta ley se cierra el ciclo de concordancia con la Constitución de 2019, las normativas que rigen el funcionamiento de los principales órganos del Estado.
Esteban Lazo subrayó que este ha sido un anteproyecto que ha sido sometido a una amplia consulta previo a su presentación al pleno de la ANPP. El diputado Yasiel Osvaldo Pieter Terry resaltó la importancia que tendrá la normativa para la educación jurídica de la población y las personas defendidas que contratan los servicios del abogado.
Rememoró la fundación de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos en 1965 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando planteó la necesidad de construir una organización que ejerciera la abogacía desde el humanismo. Y esta organización, enfatizó Pieter Terry, siempre ha estado al servicio del pueblo y al lado de la Revolución.
La diputada Lilian María Hernández, también presidenta de la ONBC, señaló que la nueva ley actualiza y ordena el ejercicio de una profesión que no solo se realiza por los miembros de la Organización, sino por otros operadores del derecho.
Resaltó que esta ley, como pocas en el mundo, también hace un especial énfasis en la ética profesional del abogado, resalta la transparencia y enfatiza en el valor del secreto profesional, porque se trata de profesionales que defienden los derechos de otras personas, explicó.
La diputada insistió así en seguir impulsando la organización de bufetes colectivos y la abogacía sin perder la esencia de la profesion, que es, dijo, el derecho de las personas a la defensa y asegurar un bienestar superior a la ciudadanía que accede a estos servicios.
(Tomado de Presidencia Cuba)
