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La reforma legislativa ha fortalecido el ejercicio del Derecho en Cuba

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En torno al combate contra las drogas, Cuba ha desplegado políticas y ha otorgado los recursos necesarios para enfrentar ese desafío, y mantiene una política de tolerancia cero.
En torno al combate contra las drogas, Cuba ha desplegado políticas y ha otorgado los recursos necesarios para enfrentar ese desafío, y mantiene una política de tolerancia cero. Foto: Cortesía de Tropas Guardafronteras

La amplia reforma legislativa que se desarrolla en el país desde que se aprobara la nueva Constitución de la República en 2019, ha fortalecido el ejercicio del Derecho en Cuba, expresó Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia, durante la apertura, este miércoles, del XV Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2023 y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que sesionarán hasta el próximo viernes, en el capitalino Palacio de Convenciones.

En su intervención especial sobre el Impacto de la reforma legislativa en el ejercicio del derecho en Cuba, Silvera Martínez contextualizó que, desde el 10 de abril de 2019, fecha de entrada en vigor de la nueva Constitución, se han aprobado 35 leyes y 86 decretos-leyes, para un acumulado de 121 normas jurídicas de rango superior, un hecho sin precedentes en el país para tan corto periodo.

Al referirse específicamente al Código de las Familias, al que calificó como una obra jurídica sin igual en el mundo, con un elevado contenido humano, protector de los derechos y garantías para todos, precisó que en el periodo del 27 de septiembre de 2022 (dos días después de su aprobación en referendo popular) al 9 de marzo de 2023, en los registros de personas naturales se han inscrito 513 matrimonios y 20 uniones de hecho de personas del mismo sexo, y seis niños con el primer apellido de la madre.

En cuanto a la actividad notarial, fueron registrados 88 pactos matrimoniales y nueve de convivencia; se revocaron 25 donaciones, y se suscribieron tres contratos de alimentos.

Sobre las enseñanzas de la profunda reforma, el Ministro de Justicia subrayó que los nuevos requerimientos en la creación normativa de la nación han demostrado su utilidad y la necesidad de que los procesos legislativos sean esencialmente procesos de participación popular.

Mencionó en su intervención otras leyes novedosas que también engrosan la relación de normas jurídicas en materia de desarrollo de derechos y garantías fundamentales, como la Ley de Revocación de los Elegidos a los Órganos del Poder Popular; la Ley del Proceso de Amparo de los Derechos Constitucionales; la Ley de Protección de Datos Personales; el Código Penal; y la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional; entre otras.

Ponderó que la aprobación de un número importante de leyes y decretos-leyes ha permitido darle cumplimiento a todas las disposiciones transitorias de la Constitución de la República de 2019, así como contar con las leyes fundamentales de la organización y funcionamiento del Estado y el Gobierno; desarrollar una amplia y profunda reforma procesal y judicial; y perfeccionar el ordenamiento jurídico, con la regulación de varios derechos y garantías fundamentales, previstas en la Constitución y actualización del modelo económico y social, entre otros aspectos.

El Ministro de Justicia adelantó que, para la próxima legislatura, se prevé la inclusión de aproximadamente 57 leyes y 21 decretos-leyes, a la vez que señaló que «este profundo y transversal proceso de actualización del ordenamiento jurídico requiere, para su adecuada implementación, la correcta interpretación y aplicación de las leyes y avanzar mucho más rápido y de forma coherente en la cultura jurídica de la sociedad».

REITERAN POSTURA DE CUBA EN LA LUCHA CONTRA FLAGELOS INTERNACIONALES

La postura intransigente de Cuba frente a flagelos de grave repercusión global como la corrupción, el tráfico de drogas y de migrantes y el terrorismo, fue reiterada, también este miércoles, por Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, en la apertura del cónclave internacional.

Contextualizó que las actuales condiciones de la lucha contra la corrupción continúan requiriendo el perfeccionamiento de los métodos y técnicas de prevención y enfrentamiento, por su impacto en la destrucción de las bases de las sociedades. «En este sentido, Cuba, a la que también impacta este flagelo, mantiene las acciones para la prevención y su enfrentamiento», afirmó.

Sobre el tráfico de drogas, recordó Peña Ojeda que sigue siendo una amenaza que afecta a millones de personas, al tiempo que engendra violencia, corrupción, inestabilidad social e ingobernabilidad, entre otros fenómenos.

Cuba –argumentó– no escapa a estas amenazas y realidades, pues por su ubicación geográfica, los crecientes nexos internacionales y la persistencia de narcotraficantes foráneos, se trata de utilizar nuestro territorio o sus inmediaciones para desarrollar operaciones de transportación de droga proveniente de países productores o de tránsito, con destino a los principales mercados mundiales.

«Nuestro Estado, consciente de su responsabilidad y compromiso internacional en torno al combate contra las drogas, ha desplegado políticas y ha otorgado los recursos necesarios para enfrentar tales desafíos, y mantiene una política de tolerancia cero, con la implementación también de políticas preventivas, educacionales y de comunicación con los sectores de mayor vulnerabilidad en el país», puntualizó.

La Fiscal General también ratificó la posición de tolerancia cero de la Isla frente al tráfico ilegal de migrantes, otro fenómeno cada vez más creciente en el mundo.

En cuanto a la lucha contra el terrorismo, reiteró que Cuba no ha permitido ni permitirá la utilización de su territorio para la realización, planificación o financiamiento de actos de terrorismo contra cualquier otro Estado.

«Refrendamos en la Constitución el repudio y condena al terrorismo en cualquiera de sus formas y manifestaciones. Continuaremos denunciando y condenando la inclusión de nuestro país en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, realizada por el Gobierno de Estados Unidos», manifestó.

Al XV Encuentro Internacional de Ciencias Penales 2023 y el III Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, asisten 400 participantes, agrupados en delegaciones de diez países, entre los que se encuentran Venezuela, Bolivia, Rusia, Belarús, Vietnam, Mongolia, Mozambique, Colombia y España, entre otros.

El objetivo del evento, coaspuciado por la Fiscalía General de la República,  la Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, es promover, entre profesionales de diferentes países, el intercambio de experiencias y conocimientos que se presentan en el quehacer jurídico, relacionados con el Derecho penal a escala internacional, los retos frente a la corrupción, la protección jurídica de todos los ciudadanos y otras ramas del Derecho que impactan en el desarrollo de la sociedad.

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