El Código de las Familias de Cuba (Ley 156/2022), vigente desde septiembre de 2022, transformó de manera profunda el régimen económico del matrimonio. El cambio más significativo es la sustitución del sistema único y obligatorio de «comunidad de bienes» regulado desde 1975, por un modelo pluralista que reconoce la autonomía de la voluntad de los cónyuges, permitiéndoles elegir entre la comunidad, la separación de bienes o un régimen mixto, siempre mediante pactos formalizados ante notario.
El principio de autonomía y los pactos matrimoniales
La nueva normativa introduce los pactos matrimoniales como el instrumento fundamental para la organización económica de la pareja. Estos acuerdos deben constar en escritura pública otorgada ante notario antes o después del matrimonio, pero nunca en el mismo acto de su celebración. Para su validez, es requisito indispensable que los contrayentes presenten un inventario y avalúo de los bienes que aportan al matrimonio, así como de las deudas existentes, garantizando así transparencia y seguridad jurídica.
Un aspecto técnico relevante es la caducidad del pacto: si el matrimonio no se formaliza en un plazo de seis meses desde la firma del acuerdo, este queda sin efecto. Asimismo, una vez casados, los cónyuges pueden modificar o sustituir el régimen pactado, siempre que haya transcurrido al menos un año y se realice mediante nueva escritura pública e inscripción registral.
Los tres regímenes económicos disponibles
El Código estructura la economía conyugal en torno a tres opciones. La comunidad matrimonial de bienes opera como régimen legal supletorio; es decir, si la pareja no pacta nada, se aplica este sistema. Bajo este esquema, se consideran bienes comunes las adquisiciones onerosas realizadas durante el matrimonio (salarios, pensiones, frutos de bienes propios, etc.), mientras que los bienes adquiridos antes del enlace o a título gratuito (herencias, donaciones) permanecen como bienes propios de cada cónyuge.
El régimen de separación de bienes permite que cada cónyuge conserve la titularidad, administración y disposición de todos sus bienes, tanto los aportados al matrimonio como los adquiridos después, sin que se forme un patrimonio común. Finalmente, el régimen mixto ofrece flexibilidad para combinar elementos de los dos anteriores, permitiendo a la pareja determinar qué bienes específicos permanecerán en la esfera privada y cuáles pasarán a integrar la comunidad.
Con independencia del régimen económico que los cónyuges determinen para su matrimonio, ambos deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y al de los hijos comunes o los propios de cada uno de ellos. Este deber se extiende a las necesidades de los descendientes en situación de discapacidad y a otros parientes en situación de vulnerabilidad que se encuentren a su cargo. De hecho, cuando uno de los cónyuges se sienta afectado por el incumplimiento del otro cónyuge de su deber de colaboración, puede exigir el cumplimiento ante los tribunales.
Límites y control de legalidad
La libertad de pactar no es absoluta. El Código establece límites infranqueables: los pactos no pueden ser contrarios a la ley, la moral, el orden público, ni vulnerar la igualdad entre los cónyuges o el interés superior de los niños. Quedan expresamente prohibidas las cláusulas que impliquen renuncia al derecho de divorcio o que contengan disposiciones humillantes o discriminatorias, reflejando el espíritu de la norma de evitar asimetrías de poder en la relación.
Para dotar de seguridad al tráfico jurídico, los pactos deben inscribirse al margen del asiento de matrimonio en el Registro Civil. Esta publicidad es esencial no solo para los cónyuges, sino también para terceros que puedan entablar relaciones económicas con ellos, protegiendo así la fe pública registral.
Valoración y contexto
Este rediseño responde a una realidad social cubana distinta a la de 1975. La mujer cubana se ha insertado plenamente en todos los sectores laborales y profesionales, por lo que la protección paternalista que justificaba la comunidad forzosa, ha perdido parte de su razón de ser. El nuevo modelo se alinea con la Constitución de 2019, que reconoce el derecho de propiedad y la libertad individual, adaptando el derecho familiar a las complejidades de las familias contemporáneas. En síntesis, el régimen económico del matrimonio en Cuba ha pasado de ser una estructura rígida y tutelar a un sistema flexible que confía en la responsabilidad y previsión de los cónyuges, aunque mantiene la comunidad como red de seguridad por defecto y establece controles notariales y registrales para evitar abusos.
